Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

La banda de tierreros que, a punta de intimidaciones y con el favorecimiento de funcionarios públicos, tiene invadido el predio Los Ángeles, detrás del barrio La Central de Soledad, cometió cinco delitos.

Así lo sentenció ayer el juez Primero Penal de ese municipio, Jorge Eduardo Rumbo, durante una audiencia de restablecimiento del derecho, al declarar que se configuraron los delitos de obtención de documento público falso, utilización de documento público falso, fraude procesal, invasión de tierras y urbanización ilegal.

En octubre pasado, Emisora Atlántico y Zona Cero.com destaparon el lucrativo negocio que los tierreros tienen montado en Soledad, donde, con la complicidad o la omisión de funcionarios públicos, se adueñan de extensiones de tierra para después vender lotes a familias de escasos recursos haciéndoles creer que son dueños de un terreno, como ha venido sucediendo con el caso de Los Ángeles.

Rumbo dictaminó que es falsa la escritura pública 1902 de 2006 utilizada por Álvaro Baca Barceló para apropiarse de este predio. Igualmente, concluyó que el registro de ese documento fue un acto fraudulento y que el abogado Roger Seña, imputado por la Fiscalía General, ha vendido ilegalmente, tras ser autorizado por Baca, la posesión de 43 lotes a través de escrituras públicas falsas protocolizadas en la Notaría Primera de Soledad.

Durante la audiencia, el juez ordenó que a la familia Camacho le devuelvan las 34 hectáreas al reconocerlos como legítimos propietarios. Adicionalmente, le dio 48 horas a la Inspección de Policía de Soledad para que lleve a cabo el control urbanístico del predio. Es decir, ordenó la “suspensión inmediata” de toda actividad de compraventa, tala de árboles y de obras civiles en el predio o cualquier otro negocio jurídico sobre el mismo, que durante meses han llevado a cabo los tierreros ante la mirada permisiva de funcionarios de la Alcaldía de Soledad.

En su decisión penal les advirtió a las autoridades soledeñas, desde las administrativas hasta las policivas, que él velará por el cumplimiento de todo lo ordenado.

“No cumplir lo que ha decidido el juez Jorge Rumbos se constituirá en un nuevo delito”, valoró Andrés Felipe Díaz, apoderado de la familia Camacho, junto con el también abogado Alfonso Camerano.

Díaz destacó que “el juez conminó” al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós; al secretario de Gobierno, Samir Serret; a la Inspección de Policía y demás autoridades competentes a adelantar “sin dilaciones ni decisiones injustificadas”, las actuaciones necesarias para restablecerles a los Camacho la posesión material del predio, “so pena de incurrir en sanciones disciplinarias y penales por desacato de un fallo judicial”.

Tras concluir que ya 43 personas han sido engañadas con la venta ilegal de lotes, el juez Jorge Rumbo ofició a la Defensoría Pública para que haga un acompañamiento y ayude a proteger los derechos fundamentales de estas familias.

Después de los informes periodísticos de Emisora Atlántico y Zona Cero.com, y ante la solicitud que le hizo el presidente seccional de Camacol, Jorge Segebre, la procuradora general, Margarita Cabello, decidió enfrentar a los invasores de tierras en el Área Metropolitana de Barranquilla, actividad ilícita que también afecta a municipios como Puerto Colombia, Malambo y Galapa.

Por eso, en abril pasado, por el mismo caso de la familia Camacho, la directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal Luque, decidió investigar a seis funcionarios, entre ellos el alcalde Ucrós y al secretario Serret, por “conductas constitutivas de faltas disciplinarias”.

También anunció que investigarán a Martha Rojas Zambrano, quien firmó la mencionada escritura falsa de la Notaría Segunda; a David De Castro Macías, ex registrador de Instrumentos Públicos de Soledad; al inspector de policía Edwrad Galindo Argel y al notario Primero encargado de Soledad, Andrés Altamar Barrios.

La decisión del juez Jorge Eduardo Rumbo se convierte en una gran esperanza para decenas de familias que en Soledad tienen sus predios invadidos por tierreros que, por años, han hecho lo que les da la gana con el mismo modus operandi: acuden a las intimidaciones exhibiendo armas y utilizan escrituras falsas para adueñarse de cientos de hectáreas con la complicidad de funcionarios públicos que terminan recibiendo parte del predio invadido como pago por su colaboración.